En los últimos meses ha entrado en escena una nueva ley no exenta de polémica, sobre todo en el ámbito laboral, y más concretamente en el apartado de la prevención de los riesgos laborales: la Ley de Mutuas. El Pleno del Congreso ha dado luz verde a esta ley, que pasará ahora a debatirse en el Senado.
Entre los objetivos que pretende alcanzar el Gobierno con esta ley están eliminar burocracia en la tramitación de los expedientes de incapacidad temporal, que las mutuas podrán controlar desde el primer día, aunque la decisión final del alta será cosa de los profesionales sanitarios, endurecer las normas de gobernanza, facilitar el acceso a la prestación por cese de la actividad o limitar las retribuciones de los directivos, entre otros. Además, espera poder ahorrar 500 millones con la mejora de la eficiencia en la gestión de las bajas laborales.
No obstante, es una ley que ha sembrado bastante polémica, de ahí que no se haya podido sacar adelante con un consenso social, una de las principales quejas de la oposición. Asimismo, exponen que esta ley supone una injerencia de las mutuas en la sanidad para dejar entrar a la gestión privada. Algunos de los grupos han propuesto limitar la cobertura de las mutuas a los accidente de trabajo y enfermedades profesionales de carácter obligatorio, para evitar así derivar los sectores de más riesgo al INSS. En este sentido, aseguran que hay datos de que las mutuas gestionan peor que las entidades gestoras.
Más opiniones en contra de esta ley argumentan que se pretenden privatizar servicios sanitarios a través de las mutuas, indicando que la recuperación de salud de los trabajadores no puede estar en manos de asociaciones privadas de empresarios. También recriminan al Ejecutivo que esta reforma supone una oportunidad perdida, ya que se pierde la opción de solucionar problemas históricos de las mutuas, generados por modificaciones unilaterales del actual modelo durante años. También critican que se pretende poner el ojo sobre el trabajador, al tener un tinte que pone en duda la veracidad de las bajas laborales.
No obstante, otras opiniones de la oposición piensan que con esta ley se logran algunos avances importantes, aunque dudan de si verdaderamente se puede consolidar el control público de las mutuas. Por otra parte, también inciden en que a pesar de lo que dice este proyecto, la limitación de los cargos no está recogida en los presupuestos de 2015, lo que sería contradictorio.
En resumen, las críticas de la oposición se centran sobre todo en que los riesgos más graves se cargan al sistema sanitario para evitar costes, la hipotética privatización de servicios sanitarios públicos, y que al ampliar el ámbito de actuación de las mutuas, se cuestiona la profesionalidad del personal del sistema público sanitario, ya que primarían criterios economicistas sobre médicos a la hora de decidir sobre la salud de los trabajadores.